El senador provincial Gustavo Arenas (PJ) exigirá que en la próxima sesión de la Cámara Alta sea tratado el proyecto de ley que él ingresó a la Legislatura en mayo del 2016 para establecer “un régimen de subsidios provincial de servicio público eléctrico a las uniones vecinales y cooperativas operadoras de agua potable, productores primarios con sistema de riego por pozo, empresas recuperadas y clubes de barrio”.

Así lo adelantó hoy luego de advertir: “Recién ahora el gobernador Alfredo Cornejo va a estudiar el tema, cuando hace casi dos años que el oficialismo tiene frenado el proyecto que presenté para resolver el problema de la tarifa eléctrica de los productores, los operadores de agua y las empresas recuperadas, entidades que para extraer el líquido subterráneo utilizan motores eléctricos”.

“Lo más preocupante de la situación –continuó denunciando el legislador justicialista– es que los integrantes del oficialismo no solo actúan mucho tiempo después de haberles advertido acerca de esta situación crítica, sino que, para colmo, la respuesta que entonces dio el Gobernador cuando le exigimos que se pusiera al frente de la defensa de los mendocinos fue que se trataba de un tema nacional y que la Provincia no podía hacer nada”.

En su momento, la propuesta de que el Gobierno de Mendoza subsidiara a operadores de agua, productores que realizan riego mediante pozos de agua y empresas y/o fábricas recuperadas –contenida en el expediente Nº67.801 del Senado– fue presentada en coautoría con Mauricio Sat, Ángel Brancato y Luis Böhm, después de que muchos productores hicieran conocer que no podían afrontar las desmedidas tarifas de servicios públicos que debían pagar para seguir funcionando.

Además, en julio del 2016, el senador Gustavo Arenas convocó a una reunión en la Legislatura en la cual los miembros de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado recibieron a las autoridades del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE),el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia.

También con la presencia de representantes de diferentes uniones vecinales, cooperativas y operadores comunitarios de agua distintas zonas de la provincia, en esa ocasión, el EPAS argumentó que el problema se presentaba con las 500 perforaciones para consumo de agua, muy diferentes a las 10.000 que corresponden al riego agrícola.

Uno de los ejemplos emblemáticos de los que se daban entre los casi 180 operadores de agua que existían en Mendoza –para brindarles la prestación a unos 500.000 habitantes– era el de la Cooperativa Corralcoop Limitada, de Los Corralitos, Guaymallén, la cual en enero del 2016 pagó 47.000 pesos de electricidad y posteriormente debió cancelar 100.000 pesos por otra boleta que recibió.

La situación se había tornado tan grave para esa entidad –dedicada a construir, reformar y reparar redes distribuidoras de servicios públicos– que desde entonces ve peligrar su mantenimiento ante las subas exorbitantes de las tarifas que se viene registrando sin pausa.

Es así que, para paliar situaciones como estas, que se reiteran en toda Mendoza, la futura norma actualmente cajoneada aclaraba que “el subsidio provincial de servicio público eléctrico tendrá por objeto compensar el aumento tarifario, estableciendo que la tarifa resultante para los usuarios establecidos en el artículo 1º sea igual a la establecida antes de la aplicación de la resolución nacional Nº6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación ”.

Además dictaba que “será con cargo al Fondo Provincial Compensador de Tarifas creado por la ley Nº6.497”.

Según detallaba en sus fundamentos, la iniciativa del senador Gustavo Arenas apuntababa a mitigar la quita de subsidios a nivel nacional emanada de la resolución Nº6/2016, mediante la cual fueron aprobados los precios de referencia de la energía que se deberán utilizar para aplicar el cuadro tarifario, lo cual impacta directamente en lo que debe abonar cada usuario por el consumo eléctrico.

Por su parte, el Fondo Compensador de Tarifas fue creado a partir del Capítulo XIII del Marco Regulatorio Eléctrico, originado en por la ley Nº6.497. En este contexto, el artículo 75 define que ese fondo se aplicará siguiendo criterios eléctricos, económicos o sociales –según el caso– para compensar tarifas de acuerdo a como lo indique el Poder Ejecutivo y lo apruebe el Poder Legislativo.

El gran impacto negativo en esas entidades era tal en aquel momento –ahora se ha agravado más– que hasta el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) fue otra las numerosas instituciones que apoyaron el proyecto de ley del legislador justicialista.

La propuesta fue recibida satisfactoriamente por el directorio de ese organismo regulador del agua de Mendoza durante una reunión que mantuvo con el senador Gustavo Arenas, en donde coincidieron en la necesidad imperiosa de llevarles una solución a los sectores perjudicados con las desmedidas subas de las tarifas de los servicios públicos. En la ocasión, los tres directores del EPAS, Orlando Lucentini, Mario Draque y Carlos Morán Crowley, junto a Eduardo Antinori, titular de la Gerencia del Usuario, le dieron su aval expreso.

El objetivo –según detallan sus fundamentos– era mitigar la quita de subsidios a nivel nacional concretada mediante la resolución Nº6/2016, por la cual fueron aprobados los precios de referencia de la energía que se utilizan para aplicar el cuadro tarifario. Esta situación impactó directamente en lo que debe abonar cada usuario por el consumo eléctrico, algo que se reitera en toda Mendoza, por lo que el proyecto de ley pretende paliarla.

Mendoza, miércoles 7 febrero de 2018