2 junio, 2017. Gacetillas.
“Parece que hay buenas ‘ocurrencias legislativas’, porque el gobernador Alfredo Cornejo copia y pega mal”, afirmó el senador Gustavo Arenas
Mientras vive un incomprensible derrotero de 15 meses desde que fue presentado en la Legislatura hasta hoy, cuando sigue en tratamiento en comisiones, el proyecto de ley del senador Gustavo Arenas (FPV-PJ) para implementar la educación vial obligatoria en todos los colegios de Mendoza, mediante el dictado de talleres específicos con horas cátedra efectivamente designadas, fue desestimado por la Dirección General de Escuelas (DGE) de la Provincia, cuyo titular, Jaime Correas, expresó que –de ser sancionada– la norma no puede ser aplicada porque le costaría casi 13 millones de pesos a la Provincia e iría en contra del decreto Nº65/16 del Poder Ejecutivo local y la Ley Nº8.816 de Emergencia Fiscal.
El proyecto de ley –presentado oportunamente por el legislador justicialista el 4 de febrero de 2016 y contenido en el expediente Nº67.220 del Senado– tiene un carácter abarcativo y contó con los avales de la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud (SAES) y Compromiso Vial por Mendoza, entre otras organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que lo apoyan. A pesar de eso, así como de la grave situación que registra la temática de los incidentes viales en la provincia, aún está en tratamiento en la Comisión de Educación del Senado desde que ingresó ahí el 16 febrero del 2016. Y este no sería el último paso, ya que resta que lo envíen a la Comisión de Hacienda y luego a Legislación y Asuntos Constitucionales.
Ante este panorama, el senador Gustavo Arenas afirmó: “Lo más lamentable es que el Gobierno provincial se expresó a través de Correas, quien recién el 23 de enero pasado remitió un informe que plantea que no es factible implementar esa eventual norma, por falta de recursos y por impedimentos legales. Incluso, hace unos días, al vetar una ley sancionada por unanimidad por el Poder Legislativo, el gobernador Alfredo Cornejo, con indisimulable desprecio por las instituciones republicanas, afirmó: ‘En la Legislatura hay muchas ocurrencias’, para continuar así con su actitud constante de denostar cualquier iniciativa de la oposición. Parece que hay buenas ‘ocurrencias legislativas’, porque Cornejo copia y pega mal”.
“Resulta claro que el gobernador no valora la propuesta en sí –sentenció el autor de la iniciativa–, sino de quien emana: si surge de él, son aportes valiosos, necesarios y con un alto grado de solvencia técnica; pero si proviene de cualquier otro, la iniciativa no pasa de ser una mera ocurrencia. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que muchas de estas ‘ocurrencias legislativas’ tan maltratadas por Cornejo, llamativamente, llegan nuevamente a la Casa de las Leyes, con algo de ‘maquillaje’, como proyectos de ley del Poder Ejecutivo”.
En este contexto, el legislador justicialista detalló ejemplos concretos de ese comportamiento solapado al resaltar: “A fines del 2015 presenté un proyecto de ley, que figura en el expediente Nº66.900 del Senado, para proponer la creación del ‘Ente Autárquico Fiesta Nacional de la Vendimia’, el cual fue duramente criticado por funcionarios del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y paradójicamente, una de las primeras iniciativas legislativas del actual gobierno guarda llamativas similitudes con la planteada por mi parte, como es la creación del Ente Autárquico Ente Mendoza Turismo, que consta en el expediente Nº70.302 de Diputados, del 10 de febrero del 2016, y que en tiempo récord fue sancionada como la ley Nº8.845”.
Volviendo a la actualidad, remarcó: “De manera análoga, el Ejecutivo provincial ahora presenta pomposamente un proyecto de ley de tránsito en cuyo texto encontramos el contenido de numerosas ‘ocurrencias legislativas’ que fueron sistemáticamente boicoteadas con distintos argumentos, mayormente relacionados con problemas presupuestarios”.
“A modo de ejemplo –graficó el integrante de la Cámara Alta–, a principios del año pasado presenté un proyecto de ley, que está en el expediente Nº67.220 del Senado, que tenía como finalidad establecer la obligatoriedad de la enseñanza de la educación vial en todos los niveles educativos de la provincia, al entender que constituye un derecho individual y social, y una responsabilidad indelegable del Estado. Sin embargo, el director general de Escuelas, Jaime Correas, invocando la Ley de Emergencia Fiscal y carencias presupuestarias varias, informó sobre la imposibilidad de implementar ese proyecto”.
Siguió individualizando las similitudes al asegurar que “el proyecto de ley sobre tránsito enviado por Cornejo, que consta en el expediente Nº69.559, en su artículo 26 dispone: ‘Para el correcto uso de la vía pública debe cumplimentarse lo siguiente: a) la Dirección General de Escuelas incluirá obligatoriamente la educación vial como asignatura a dictar en todos los niveles de la enseñanza formal del sistema educativo provincial y en los programas de educación no formal vinculados a esta materia’. Y en su Anexo III, al desarrollar el Plan Anual de Seguridad Vial, plantea entre sus objetivos particulares o específicos la educación y formación vial, la educación vial sistemática y la educación vial en campañas de difusión masiva, entre otras consideraciones. Sin embargo, en ningún caso se refiere a la asignación de los recursos económicos para implementar ese plan”.
Finalmente, el legislador del FPV-PJ aseveró: “Nuevamente nos encontramos frente una actitud arbitraria de un gobernador que sueña con la suma del poder público, con una Legislatura transformada en una escribanía del Ejecutivo y con un Poder Judicial cada vez más disciplinado y menos independiente. Frente a esto seguiremos proponiendo, como desde el comienzo de nuestra gestión legislativa, una política de Estado en materia de tránsito y seguridad vial que trascienda las vanidades del gobernante de turno”.
Detalles del proyecto de ley de Gustavo Arenas
El proyecto de ley del senador provincial Gustavo Arenas tiende a que la educación vial sea dictada en forma taxativa, ya que actualmente –si bien está incluida en las currículas– continúa enmarcada como una temática transversal que puede ser vista como un contenido de las demás materias, por lo que su dictado depende del criterio que aplique cada establecimiento. Mientras, la Ley Provincial Nº6.082 de Tránsito y Transporte fija sólo en forma general que la DGE “incluirá obligatoriamente la educación vial como tema a tratar en todos los niveles de la enseñanza formal del sistema educativo provincial y en los programas de educación no formal vinculados a esta materia”.
En busca de garantizar su aplicación con eficacia, la norma prevista por el legislador justicialista establece que la DGE “asignará tres horas cátedra para ser utilizadas en el dictado de talleres de Educación Vial en cada una de las escuelas de gestión estatal, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo”. Así, habrá docentes que se capacitarán específicamente para promover esos conocimientos entre los alumnos en forma sistemática y actualizada, al igual que ocurre en este momento con la educación sexual.
De esta manera, la nueva propuesta busca alcanzar mejoras concretas promoviendo un cambio cultural desde la educación en el tema del tránsito, bajo el mismo marco de prevención que emana de otro proyecto de ley de su autoría para crear la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) con el objetivo de generar una política de Estado en esa materia.
Funciones de la DGE
La norma prevista establece, asimismo, una serie de acciones que deberá encarar la DGE, como “asegurar la inclusión de la enseñanza de la educación vial en los todos los niveles y modalidades del sistema educativo, elaborar y dictar los cursos con puntaje sobre educación vial, para la formación específica de los docentes de las escuelas de la provincia de Mendoza y diseñar recursos didácticos en materia de educación vial para la formación docente”.
Las tareas también incluyen “incorporar en el proceso de enseñanza y aprendizaje acciones pedagógicas tendientes a desarrollar en los estudiantes hábitos para la circulación y el tránsito seguro en la vía pública, elaborar y distribuir material de apoyo a la tarea docente y de información para padres y comunidad en general, para acompañar el desarrollo curricular de la educación vial, y articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos complementarios sobre educación vial, destinados a alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa”.
Creación de un observatorio temático
La ley ordena además que en ese mismo ámbito sea creado “el Observatorio de la Educación Vial, el que estará constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial que incluya a académicos e investigadores de las universidades nacionales y representantes de organizaciones sociales que trabajan la temática de educación vial”.
Los objetivos del observatorio definidos por la futura norma son “incentivar la investigación y el desarrollo de estrategias de prevención, construir un diagnóstico de la temática vial en la provincia de Mendoza, a través de investigaciones, abordando el fenómeno integralmente; articular la información y los aportes de diversas instituciones gubernamentales o no gubernamentales y, en particular, aquellos que provienen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y difundir investigaciones internacionales”.
También incluyen “contribuir al desarrollo de políticas públicas y a sensibilizar a la opinión pública, ofrecerles a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje, contribuir a debatir y reflexionar sobre la problemática de la educación vial y sus implicancias, y proporcionar instancias de formación de mediante jornadas de capacitación”.
Asimismo, entendiendo a la educación vial como “la promoción de conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación y el tránsito seguro en la vía pública”, establece que se trata de un “derecho individual y social”, y de una “responsabilidad indelegable del Estado”.
Mendoza, viernes 2 de junio de 2017
Se adjuntan dos archivos “pdf” correspondientes al proyecto de ley del senador Gustavo Arenas y a la respuesta remitida por el director general de Escuelas, Jaime Correas, con respecto a la imposibilidad de implementar la norma si fuera sancionada por la Legislatura.
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