Gustavo Arenas, senador provincial por el peronismo, fue muy crítico del gobernador mendocino y el Presidente por la situación en el PAMI y la eliminación de pensiones por discapacidad.

“El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el presidente Mauricio Macri ya eligieron: el ajuste lo pagarán los más débiles, jubilados y discapacitados”, indicó el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) respecto de la situación del PAMI mendocino y de la decisión de eliminar pensiones por discapacidad que tomó el Gobierno nacional.

Entrevista a Gustavo Arenas

El PAMI mendocino dejó miles de abuelos sin atención. Senadores citan a Valcarcel, titular del organismo, para que dé explicaciones.

El senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) volverá a insistir mañana para que en la sesión ordinaria de la Cámara Baja sea tratado sobre tablas su proyecto de resolución para que citen en ese ámbito al delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel; a la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Najul, y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimari, entidades involucradas en la baja de prestaciones de servicios que intempestivamente dejó librados a su suerte a unos 25.000 jubilados mendocinos.

En esta ocasión, el pedido para que la iniciativa no sea ignorada nuevamente por el bloque del frente oficialista Cambia Mendoza –el cual en la sesión pasada logró frenarla al votarla en contra aprovechando su mayoría, a pesar de la urgencia de la crisis– será apoyado con las presencias en el recinto legislativo de diferentes centros de jubilados de la provincia y autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT).

De esta manera, en representación de los miles de jubilados y pensionados perjudicados por la grave medida tomada por la obra social, esas organizaciones reforzarán el pedido de que el Gobierno provincial deje de hacerse el desentendido con el preocupante problema poniendo la excusa de que la solución depende del Poder Ejecutivo Nacional y que asuma la responsabilidad de defender a los ciudadanos mendocinos como corresponde.

Al respecto, el legislador justicialista expresó su gran preocupación por los miles de jubilados perjudicados de la noche a la mañana con la desacertada medida, al recordar: “La crisis originada por la decisión del titular del PAMI, Valcarcel, de dejar caer contratos de prestaciones de servicios sumamente necesarias para nuestros abuelos se ha visto agravada con la muerte de una paciente que no fue atendida como le correspondía, la que ocurrió este mediodía en uno de los centros asistenciales involucrados en este caos”.

Continuó indicando: “Es por eso que la máxima autoridad de la obra social debe dar la cara, así como la ministra de Salud, debido a que los jubilados están haciéndose atender ahora en los hospitales públicos. Lamentablemente vemos que esta gravísima irregularidad, se suma a una larga lista de despropósitos que viene cometiendo desde hace un tiempo la actual gestión de gobierno contra los jubilados, como la eliminación de la entrega gratuita de medicamentos sumamente necesarios y la supresión de programas y demás coberturas”.

Asimismo, ante la falta de intervención del Poder Ejecutivo local al momento de defender a los propios ciudadanos, el senador Gustavo Arenas reafirmó lo que había señalado antes al asegurar que, “aunque se sabe que el inconveniente es de jurisdicción nacional, el gobernador Alfredo Cornejo no puede desentenderse, ya que los jubilados perjudicados son mendocinos y, además, al titular del PAMI en Mendoza lo puso él”.

Así las cosas, con el nuevo de tratamiento de la citación denegada anteriormente, el autor de la propuesta espera que por fin sean aclaradas todas las dudas surgidas y solucionados urgentemente problemas que ya no pueden extenderse más. Su objetivo de convocar a una instancia de mediación legislativa donde sea posible escuchar a todas las partes es elaborar un diagnóstico preciso de la situación y, consecuentemente, brindar una solución acorde a las circunstancias, para que los derechos de los jubilados no sigan siendo vulnerados en un derrotero que a la mayoría les cuesta el deterioro de su salud y a algunos otros incluso hasta la vida.

Mendoza, lunes 12 de junio 2017

En la sesión ordinaria que habrá el martes próximo en la Legislatura, el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) volverá a pedir que sea tratado sobre tablas su proyecto de resolución para que citen en ese ámbito al delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel; a la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Najul, y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimari, entidades involucradas con la baja en la prestación de servicios para jubilados mendocinos.

Es que, luego de que el frente Cambia Mendoza votara en contra de abordar la iniciativa en la sesión pasada del Senado con el argumento de que el titular del PAMI estaba en ese momento en la Cámara de Diputados, el legislador justicialista remarcó que el oficialismo soslayó que en realidad ese encuentro de Valcarcel con los diputados había sido convocado por un hecho que no tenía conexión con el grave problema suscitado, sino por un inconveniente en un centro de jubilados.

Asimismo, el senador Gustavo Arenas remarcó que en ese encuentro de diputados con la máxima autoridad local del PAMI no se profundizó en el grave problema ocasionado por la suspensión de los acuerdos y que tampoco se planteó alguna solución al respecto.

Además, ante las declaraciones del gobierno provincial que justificaban su falta de intervención para defender a los mendocinos perjudicados con el argumento de que la resolución del preocupante problema es un tema de la Casa Rosada, el autor de la propuesta de citación dijo: “Voy a volver a insistir con que se trate mi proyecto de resolución para citar a los funcionarios, porque la situación es muy grave y, aunque sabemos que es de jurisdicción nacional, el gobernador Alfredo Cornejo no puede desentenderse, ya que los jubilados son mendocinos y, además, al titular del PAMI en Mendoza lo puso él”.

Mientras tanto, miles de jubilados han quedado librados a su suerte en el medio de la desatención general de la que son objeto debido a la medida que fue tomada sin previo aviso. Así las cosas, frente al fundamento oficial brindado para desentenderse de esta problemática tan compleja, el legislador justicialista aclaró qué “es necesario realizar un encuentro ampliado que debe abarcar a todos los sectores que intervienen y brindar la oportunidad de escuchar las distintas posiciones, ya que es necesario llegar a una solución inmediatamente”.

En este contexto, explicó: “Es imperioso contar en el Senado con la presencia de las autoridades de las clínicas involucradas y ver los convenios de prestación, porque debemos analizar si hay algún tipo de lucro oculto que no haya permitido avanzar con esos servicios”.

De igual forma, aclaró que “la ministra de Salud debería responder por el resguardo de los miles de ciudadanos mendocinos que han quedado desprotegidos de un día para el otro con las suspensiones de los contratos, a pesar de que la temática dependa de la órbita nacional”.

Y remarcó que, en cuanto a Valcarcel, no se puede pasar por alto que el titular local del PAMI denunció en declaraciones a algunos medios de comunicación que la caída del convenio con la Sociedad Española de Socorros Mutuos se produjo porque detectaron que esta entidad era ineficiente con las prestaciones que otorgaba y, además, porque no contaba con la infraestructura en adecuadas condiciones sanitarias.

De esta manera, el senador Gustavo Arenas mostró su preocupación porque, a pesar de lo afirmado por el funcionario, esa sociedad que presta servicios sanitarios sigue atendiendo en malas condiciones a pacientes de otras mutuales, mientras que el Ministerio de Salud de la Provincia, que es el responsable de controlar a las clínicas privadas de Mendoza, debería investigar esa denuncia.

Mendoza, viernes 9 de junio 2017

Con la asistencia de todas las organizaciones que habían comprometido su presencia, la reunión multisectorial convocada por el Senado para encontrar una solución a la grave situación de la seguridad vial que se vive en el Corredor Andino se concretó este mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura y arrojó lineamientos claros a seguir para detener la alarmante cantidad de siniestros que se registran en el tramo de la Ruta Nacional 7 que vincula con el Túnel Internacional Cristo Redentor y atraviesa la Cordillera de los Andes hacia Chile.

Así, el encuentro ampliado resultó muy positivo ya que permitió coordinar las acciones de todos los actores involucrados en la protección de quienes circulan por ese trazado cordillerano, en un marco de trabajo en común que fue moderado por el senador Gustavo Arenas (FPV-PJ), autor del proyecto de resolución que posibilitó la convocatoria al ser votado unánimemente por la Cámara Alta. Además participaron los senadores Juan Agulles, Marcelo Rubio, Marisa Ruggeri y Verónica Basabe.

La consigna explicada en los argumentos de la propuesta del legislador justicialista fue “analizar en forma conjunta el grave incremento de accidentes viales con víctimas fatales ocurridos en el Corredor Bioceánico durante el corriente año, examinando sus causas y posibles soluciones, con el objeto de implementar en forma urgente las medidas necesarias a los fines de restablecer la seguridad vial en dicha zona”.

En este marco, la gravedad del problema abordado, con carácter de urgente, se tradujo en la gran cantidad de representantes de las diversas entidades que intervienen –ya sea directa o indirectamente– en el tránsito del Corredor Andino, una ruta que a la gran cantidad de tráfico que soporta suma la peligrosidad de estar asentada en laderas montañosas, por lo cual su configuración es muy sinuosa al contar con numerosas curvas y contracurvas muy cerradas en largos tramos que son de doble sentido de marcha y con solo un carril por lado.

Fue así que en la reunión participaron la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, que tiene a cargo la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor; la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), la delegación regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas Generales de Mendoza, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam).

También estuvieron la Cámara de Turismo de Mendoza, la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), la organización sin fines de lucro Compromiso Vial por Mendoza, la Agrupación XI Mendoza de la Gendarmería Nacional Argentina, la Asociación Mendocina de Profesionales en Turismo (Amprotur), las direcciones Nacional y Provincial de Vialidad, el Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las universidades Nacional de Cuyo y Tecnológica Nacional, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), y empresas de transporte de larga distancia.

En la apertura de la deliberaciones, el senador Gustavo Arenas –avalado por su amplia experiencia en la temática del tránsito y el transporte, debido a su desempeño previo como delegado de la regional Cuyo de la CNRT y funcionario de la Dirección de Transporte de la Provincia– remarcó que la intención de hacer coincidir a todas esas organizaciones en ese ámbito era establecer definitivamente las medidas pertinentes para garantizar la seguridad vial en una ruta donde confluyen muchos rodados menores, colectivos de gran porte y camiones de carga, y que debido a sus características se hace sumamente peligrosa.

De esta manera, resaltó Arenas: “Debemos abordar esta problemática con responsabilidad entre todos los sectores y fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades públicas. Más allá de las pertenencias política partidarias, debemos trabajar en conjunto oficialismo y oposición para llevar una solución a este grave problema, para que, independientemente de quien esté en el gobierno, las acciones se mantengan en el tiempo. Así se construye una política de Estado”.

Datos preocupantes

Los fundamentos del proyecto de resolución presentado en su momento destacaban: “En menos de cinco meses que han transcurrido del año 2017 se han producido accidentes de tránsito en el Corredor Bioceánico, fundamentalmente entre Uspallata y Las Cuevas, que han aportado la muy preocupante cifra de 29 víctimas fatales, casi el triple de víctimas que en los cuatro años anteriores”.

Esos argumentos se explayaban aún más al reflejar las preocupantes noticias publicadas en los medios masivos de comunicación de Mendoza en los últimos tiempos con relación a la gran cantidad de accidentes viales en el Corredor Bioceánico.

Con relación a este grave panorama, los motivos de la iniciativa consideraban que “todos los accidentes plantean como factores comunes el exceso de velocidad, la imprudencia, la inobservancia de las normas de tránsito y la falta de controles”, por lo que exhortaba a que “en forma urgente debe efectuarse un análisis exhaustivo de la situación que permita elaborar un diagnóstico minucioso, preciso y acertado, a partir del cual planificar las soluciones inmediatas”.

En cuanto al rol que le cabe al Poder Legislativo en estas circunstancias, el senador Gustavo Arenas planteó entonces: “Entendemos que la Legislatura provincial no debe permanecer ajena a esta problemática, sino que debe ejercer un papel activo, generando un ámbito de análisis y de debate para desarrollar políticas estratégicas y de largo plazo, brindando, en caso de ser necesario, las herramientas legales para su eficiente ejecución”.

Mendoza, jueves 8 de junio 2017

La esperada reunión multisectorial convocada en la Legislatura para abordar la grave situación de la seguridad vial en el Corredor Andino será mañana jueves desde las 11 en el Salón Rojo de la Legislatura (Paseo Sarmiento y Patricias Mendocinas, Ciudad). Así lo confirmó el autor de la iniciativa, el senador Gustavo Arenas (FPV-PJ), quien para poder concretarla presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja.

La gran expectativa por este encuentro ampliado –organizado con la urgencia que dicta la alarmante cantidad de siniestros viales que se registran en el tramo cordillerano de la Ruta Nacional 7 que conecta con Chile a través de la Cordillera de los Andes mediante el Túnel Internacional Cristo Redentor– se ha visto reflejada en las confirmaciones de asistencia que se van sumando mientras se acerca la fecha de realización.

Es así que ya comprometieron su asistencia el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor, Néstor Majul; el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), Leonardo Yapur; el delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Marcelo Pecci, y el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas Generales de Mendoza, Rubén Zárate;

Además han confirmado su presencia el representante de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) ante el Sistema Cristo Redentor, Eduardo Yaya; el titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González; el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), Carlos Trad Fager y Roberto Tomassiello respectivamente, y la responsable de la organización sin fines de lucro Compromiso Vial por Mendoza, Alejandra Cubilla.

La Agrupación XI Mendoza de la Gendarmería Nacional Argentina, la Asociación Mendocina de Profesionales en Turismo (Amprotur) y la Dirección Nacional de Vialidad también prevén participar en la importante reunión, convocada bajo la consigna de –según rezan los argumentos de la propuesta del legislador justicialista– “analizar en forma conjunta el grave incremento de accidentes viales con víctimas fatales ocurridos en el Corredor Bioceánico durante el corriente año, examinando sus causas y posibles soluciones, con el objeto de implementar en forma urgente las medidas necesarias a los fines de restablecer la seguridad vial en dicha zona”.

Asimismo, entre el resto de los organismos involucrados en la seguridad vial que han sido invitados están el Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las universidades Nacional de Cuyo y Tecnológica Nacional, las Dirección Provincial de Vialidad, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), y empresas de transporte de larga distancia.

Sorpresivamente, los abuelos se enteraron a través del organismo local que dejaron de ser atendidos en tres importantes centros de salud mendocinos. Desde el Gobierno de Cornejo no se hacen cargo y culpan al de Macri, ambos aliados en Cambiemos.

Mientras que hoy se conoció que el Gobierno de Mauricio Macri piensa que se debería flexibilizar la edad jubilatoria para que “sea voluntaria”, en Mendoza el PAMI dejó a 25 mil jubilados sin atención, ya que sorpresivamente se enteraron que dejaron de ser atendidos en tres reconocidos centros de salud y sin soluciones por parte del organismo provincial, que no se hace cargo y apunta contra el Ejecutivo nacional.

Es que mientras el gobernador mendocino Alfredo Cornejo dice que la solución tiene que llegar desde el gobierno nacional de Macri -ambos aliados en Cambiemos-, durante mayo se realizó la renovación de contrato con los centros de salud pero se puso fin a la relación contractual con tres dependencias: con el moderno Hospital Santa Isabel de Hungría, del gremio Camioneros, en Guaymallén; con la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Ciudad; y con una clínica oftalmológica del microcentro mendocino.

Según una nota de La Nación, en el caso del Santa Isabel de Hungría, esa institución decidió dejar de ser prestador de la mutual, con lo que se ven afectados unos 4 mil afiliados, mientras que en cuanto a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, fue apartado -según el PAMI- por deficiencias edilicias, y unos 21 mil jubilados son perjudicados. Según el organismo, de estos últimos la mitad sería reubicado en la clínica Santa Clara.

El titular del PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel, prometió a los jubilados que no perderán la calidad de las prestaciones, aunque los abuelos parecen no confiar en estas versiones. “Esto ya lo vivimos. Sabemos lo que es estar en clínicas abarrotadas y vaciadas de recursos. Habíamos logrado ingresar al hospital Santa Isabel y de un plumazo nos sacan. Es un manoseo constante, estamos desesperados por tanta injusticia y desidia”, se quejó una jubilada de Guaymallén, según el mismo medio.

Desde el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Claudia Najul le tiraron la pelota al Ejecutivo nacional, al asegurar que el caso debe ser solucionado por la Casa Rosada. Por su parte, en la Legislatura mendocina, la oposición a Cornejo reclama a los responsables de esta decisión a que den explicaciones. Por ahora, el oficialismo de Cambia Mendoza rechazó un proyecto del senador justicialista, Gustavo Arenas, para citar a la Casa de las Leyes a Valcarcel; a la ministra Najul y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría y la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados aseguran que habrá cambios en el funcionamiento del organismo

Más de 25.000 jubilados mendocinos se encuentran a la espera de conocer quién se hará cargo de su atención sanitaria. Es que sorpresivamente se enteraron a través de PAMI que dejaron de ser atendidos en tres reconocidos centros de salud de la provincia, lo que ha puesto en alerta a todo el sistema. Las respuestas tardan en llegar.

Eso sí, estos jubilados, que habían comenzado a “disfrutar” de los beneficios y servicios que ofrecían algunos de estos hospitales, temen ahora volver a cero y enfrentarse en la última etapa de sus vidas a una realidad que ya los dejó marcados: la mala atención, horas de espera y turnos a largo plazo.

Mientras, las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados intentan llevar calma a los afectados, asegurando que serán reubicados en otros centros asistenciales, y que se están realizando cambios en el funcionamiento del organismo.

Durante mayo se realizó la renovación de contrato con los centros de salud pero se puso fin a la relación con el moderno Hospital Santa Isabel de Hungría, del gremio Camioneros, en Guaymallén; con la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Ciudad; y con una clínica oftalmológica del microcentro mendocino. En el primero, que decidió dejar de ser prestador de la mutual, se verán afectados unos 4000 afiliados, mientras que en el segundo, apartado según el PAMI por deficiencias edilicias, unos 21.000 jubilados. De estos últimos, la mitad sería reubicado en la clínica Santa Clara.

El titular del PAMI en Mendoza , Carlos Valcarcel, prometió a los jubilados que no perderán la calidad de las prestaciones, aunque los damnificados lo miran con profunda desconfianza. “Esto ya lo vivimos. Sabemos lo que es estar en clínicas abarrotadas y vaciadas de recursos. Habíamos logrado ingresar al hospital Santa Isabel y de un plumazo nos sacan. Es un manoseo constante, estamos desesperados por tanta injusticia y desidia”, se quejó a LA NACION, una jubilada de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, que prefirió reservar su identidad, a la espera de una solución a su favor.

“Cuando creíamos que íbamos a poder estar más tranquilo, con una buena atención, nos dejan desnudos, en la calle, en pleno invierno; esto es indignante y nadie hace nada”, se lamentó su marido, quien además se quejó de algunas dificultades y demandas de más trámites para obtener el 100% de gratuidad en los medicamentos.

La respuesta de la provincia

Ante esta difícil y compleja situación, se espera el accionar del Ministerio de Salud provincial, a cargo de Claudia Najul. Sin embargo, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno se desligaron del asunto y confirmaron a LA NACION que el caso debe ser solucionado por la Casa Rosada. En tanto, el conflicto llegó a la Legislatura provincial, por lo que desde la oposición reclaman a los responsables de esta decisión a que den explicaciones. Por ahora, el oficialismo de Cambia Mendoza rechazó un proyecto del senador justicialista, Gustavo Arenas, para citar a la Casa de las Leyes a Valcarcel; a la ministra Najul y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría y la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

“Nadie le da solución a un problema que afecta seriamente a una gran cantidad de jubilados mendocinos que ven agravadas así sus condiciones de salud. Necesitamos contar con la presencia de las autoridades de las clínicas involucradas y ver los convenios de prestación se debe a que hay que analizar si hay algún tipo de lucro oculto que no haya permitido avanzar con esos servicios”, expresó Arenas.

“Voy a insistir para que el titular del PAMI, las clínicas privadas y la Ministra de Salud vengan a dar explicaciones sobre la situación que están viviendo nuestros jubilados en Mendoza” afirmó el senador Gustavo Arenas, ante la negativa del oficialismo.

La esperada reunión multisectorial convocada en la Legislatura para abordar la grave situación de la seguridad vial en el Corredor Andino será mañana desde las 11 en el Salón Rojo de la Legislatura (Paseo Sarmiento y Patricias Mendocinas, Ciudad). Así lo confirmó el autor de la iniciativa, el senador Gustavo Arenas (FPV-PJ), quien para poder concretarla presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja.

La gran expectativa por este encuentro ampliado –organizado con la urgencia que dicta la alarmante cantidad de siniestros viales que se registran en el tramo cordillerano de la Ruta Nacional 7 que conecta con Chile a través de la Cordillera de los Andes mediante el Túnel Internacional Cristo Redentor– se ha visto reflejada en las confirmaciones de asistencia que se van sumando mientras se acerca la fecha de realización.

Es así que ya comprometieron su asistencia el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor, Néstor Majul; el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), Leonardo Yapur; el delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Marcelo Pecci, y el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas Generales de Mendoza, Rubén Zárate;

Además han confirmado su presencia el representante de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) ante el Sistema Cristo Redentor, Eduardo Yaya; el titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González; el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), Carlos Trad Fager y Roberto Tomassiello respectivamente, y la responsable de la organización sin fines de lucro Compromiso Vial por Mendoza, Alejandra Cubilla.

La Agrupación XI Mendoza de la Gendarmería Nacional Argentina, la Asociación Mendocina de Profesionales en Turismo (Amprotur) y la Dirección Nacional de Vialidad también prevén participar en la importante reunión, convocada bajo la consigna de –según rezan los argumentos de la propuesta del legislador justicialista– “analizar en forma conjunta el grave incremento de accidentes viales con víctimas fatales ocurridos en el Corredor Bioceánico durante el corriente año, examinando sus causas y posibles soluciones, con el objeto de implementar en forma urgente las medidas necesarias a los fines de restablecer la seguridad vial en dicha zona”.

Asimismo, entre el resto de los organismos involucrados en la seguridad vial que han sido invitados están el Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las universidades Nacional de Cuyo y Tecnológica Nacional, las Dirección Provincial de Vialidad, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), y empresas de transporte de larga distancia.

Mendoza, miércoles 7 de junio 2017